Sí. Yo comprendo que ustedes podrían pensar que vuelvo con demasiada frecuencia a este tema pero no puedo evitarlo. Hoy se puede leer en la prensa varios artículos sobre este tema. Al parecer el Gobierno mantendrá congelada la tramitación de la Ley de Libertad Religiosa. El Gobierno, una vez más, se desdice de lo prometido y de momento seguiremos con los crucifijos en las aulas allí donde quieran que sigan colgados. A no ser que algún padre denuncie la mencionada presencia, como recientemente ha ocurrido en la también católica, apostólica y romana Italia. Ahí está la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo que ordena la retirada de los crucifijos de las escuelas públicas de Italia. Y en España hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 1982 por la que es obligada la retirada de símbolos religiosos en las escuelas públicas. Ahora el Gobierno, me imagino gracias a las componendas de la Vicepresidenta Vega con Rouco y sus ayudantes, dice que debe buscarse un momento político oportuno para seguir con la tramitación de la mencionada norma , esperada hace más de 25 años y prometida electoralmente por los socialistas. Esta ley iba a presentarse en el Congreso antes de finalizar el año pero al parecer dicen ahora que faltan retoques. La discusión está en los colegios concertados de ideario católico. Obviamente en los colegios totalmente privados y que no reciben un duro del Estado harán lo que según su criterio les de a entender. Pero en los colegios concertados, el campo de batalla, las cruces seguirán blindadas por causa del Concordato con la Santa Sede, acuerdos Iglesia-Estado de 1979. Sin embargo no estaría mal recordar que al Estado esta "concertación", es decir la financiación de colegios religiosos, le cuesta más de 3.600 millones de euros anuales. Y yo me sulfuro cuando me doy cuenta que yo misma, sí, yo, estoy financiando a esos colegios concertados, yo como ciudadana contribuyente, yo como miembro de un estado aconfesional. Por eso, yo me siento